Por Mattias Churruca.
Mientras las industrias culturales y creativas mueven miles de millones, generan empleo, activan barrios, impulsan turismo y construyen identidad, la inversión pública chilena en cultura sigue siendo marginal frente a su aporte económico y social. La reciente discusión presupuestaria vuelve a instalar una pregunta incómoda: ¿por qué Chile trata como gasto a un sector que funciona como motor de desarrollo?.
Por años, la cultura en Chile ha sido defendida desde su valor simbólico: como memoria, identidad, creación, pensamiento crítico, encuentro comunitario y derecho ciudadano. Pero esa defensa, aunque esencial, ha quedado muchas veces atrapada en una discusión incompleta. Porque la cultura no solo emociona, representa o educa. También produce. También emplea. También exporta. También mueve ciudades, oficios, servicios, turismo, tecnología, diseño, comunicación, música, audiovisual, libros, festivales, patrimonio, escenarios, salas, sellos, galerías, imprentas, productoras, técnicos, mediadores y públicos.
A nivel internacional, la economía creativa ya dejó de ser vista como un adorno de la economía tradicional. El informe Creative Economy Outlook 2024 de UNCTAD señala que las industrias creativas pueden aportar entre 0,5% y 7,3% del PIB, dependiendo del país, y emplear entre 0,5% y 12,5% de la fuerza laboral. El mismo reporte indica que las exportaciones globales de servicios creativos llegaron a US$1,4 billones en 2022, mientras los bienes creativos alcanzaron US$713 mil millones. Dicho de otra forma: el mundo ya entendió que la cultura no es un lujo; es infraestructura económica, simbólica y social.
En Chile, sin embargo, el reconocimiento institucional ha avanzado más lento que la realidad del sector. Una estimación ampliamente difundida en torno al ecosistema creativo chileno ubicaba el aporte del sector en torno al 1,6% del PIB, lejos del potencial observado en economías que han apostado con mayor decisión por sus industrias culturales y creativas. Si se toma como referencia el PIB nominal chileno de 2024, estimado en torno a US$333.800 millones, ese 1,6% equivale aproximadamente a US$5.340 millones anuales. En pesos chilenos, usando un tipo de cambio promedio cercano a los $941 por dólar en 2024, hablamos de un orden de magnitud superior a los $5 billones de pesos chilenos. No es una cifra menor: es una industria completa funcionando muchas veces con financiamiento fragmentado, alta informalidad, precariedad laboral y una política pública que aún no parece estar a la altura de su peso real.
La paradoja aparece cuando se compara ese aporte con la inversión pública. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha operado históricamente con presupuestos que, vistos frente al tamaño de la economía nacional, son bajos. Como referencia, el presupuesto ministerial de 2020 figuraba en torno a $198 mil millones de pesos, una cifra muy inferior al valor económico que el propio sector cultural y creativo es capaz de generar en el país. Incluso considerando incrementos posteriores, la brecha de escala sigue siendo evidente: la cultura produce en billones, pero el Estado la financia en cientos de miles de millones.
Esa distancia no es solo contable. Tiene consecuencias concretas. Se expresa en salas que funcionan al límite, festivales que dependen de fondos concursables, artistas que deben autofinanciar sus lanzamientos, técnicos que trabajan sin estabilidad, espacios culturales regionales que sobreviven con equipos mínimos, bibliotecas que cumplen labores comunitarias más amplias que su presupuesto, y proyectos musicales que, aun teniendo impacto territorial, deben competir año a año por recursos insuficientes. En Chile, buena parte del ecosistema cultural se sostiene por vocación, redes, autogestión y desgaste.
El problema se vuelve aún más evidente cuando se observa la discusión presupuestaria reciente. Durante la administración anterior, el Pase Cultural fue presentado como una política de acceso con una inversión pública de $15.630 millones, destinada a entregar $50.000 para consumo cultural a jóvenes y adultos mayores dentro de ciertos criterios de vulnerabilidad. Más allá de sus problemas de implementación y fiscalización, la medida apuntaba a un principio relevante: no basta con financiar la creación; también hay que financiar el acceso y estimular la demanda cultural.
Pero la cultura volvió rápidamente al terreno de la sospecha presupuestaria. En 2026, la discusión pública quedó marcada por señales de austeridad, suspensión de programas, cuestionamientos al gasto cultural y decisiones como la paralización de la ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral, mientras se instalaban recomendaciones de recortes significativos en áreas vinculadas a infraestructura, patrimonio y fomento. La pregunta de fondo no es solo cuánto se recorta, sino qué idea de país queda detrás de ese recorte: una que entiende la cultura como inversión estratégica o una que la reduce a gasto prescindible.
El contraste con los países de la OCDE es incómodo. Chile forma parte de ese club de economías desarrolladas o en vías de altos estándares institucionales, pero su política cultural suele estar más cerca de la lógica de emergencia que de una estrategia de desarrollo. En países donde la cultura se ha integrado a políticas industriales, educativas, urbanas, turísticas y tecnológicas, la inversión cultural no se mide solo por subvenciones directas: se articula con incentivos fiscales, formación de audiencias, exportación creativa, protección laboral, infraestructura territorial, internacionalización y sistemas de datos robustos. Chile, en cambio, todavía discute si financiar cultura es una prioridad.
La música es un ejemplo claro. Cada lanzamiento no es solo una canción en plataformas: implica producción, grabación, mezcla, mastering, diseño, fotografía, videoclip, prensa, distribución, derechos de autor, conciertos, salas, técnicos, sonidistas, iluminadores, backline, transporte, alojamiento, medios, community managers, ticketing y consumo asociado. Un festival no termina en el escenario: activa comercio local, gastronomía, hotelería, turismo, seguridad, transporte, arriendo de equipos, prensa y empleo temporal. La cultura no vive aislada: derrama sobre otros sectores.
Por eso, cuando se recorta cultura, no se recorta únicamente “arte”. Se recortan circuitos económicos completos. Se debilitan empleos. Se achican programaciones. Se reducen oportunidades para artistas emergentes. Se concentra aún más la oferta en Santiago. Se deja a regiones dependiendo de esfuerzos voluntaristas. Se empuja al sector privado a ocupar espacios que deberían tener orientación pública. Y, sobre todo, se limita el acceso de quienes no pueden pagar entradas, libros, talleres, conciertos o experiencias culturales sin apoyo estatal.
También hay un efecto menos visible, pero igual de relevante: el debilitamiento democrático. La cultura cumple un rol de cohesión social, especialmente en sociedades tensionadas, fragmentadas y polarizadas. En barrios donde el Estado llega poco, un centro cultural, una biblioteca, una escuela artística, una feria, un teatro comunitario o un festival local pueden ser más que programación: pueden ser presencia pública, encuentro, seguridad, pertenencia y reparación simbólica.
El debate, entonces, no debería centrarse solo en defender fondos. Debería elevarse a una pregunta mayor: ¿qué lugar ocupa la cultura en el modelo de desarrollo chileno? Si el país reconoce que la economía creativa aporta al PIB, genera empleo y abre oportunidades de innovación, entonces la política pública no puede seguir tratándola como una partida secundaria. Y si además se reconoce que la cultura fortalece ciudadanía, memoria, identidad y vida comunitaria, el argumento es todavía más fuerte.
Chile necesita dejar atrás la idea de que invertir en cultura es premiar a un sector específico. Invertir en cultura es fortalecer una cadena de valor que va desde la creación hasta el consumo, desde el patrimonio hasta la tecnología, desde la sala independiente hasta la exportación de contenidos. Es apostar por empleo calificado, descentralización, turismo, educación, bienestar y democracia cultural.
